“LOS INTERESES EXPROPIATORIOS: ¿BURLA O RETRIBUCIÓN?”

Fuente: Mercedes Fuertes Catedrática E.U. de Derecho Administrativo Universidad de León.

SUMARIO: 1. Los intereses expropiatorios: A) El retraso en la fijación del justiprecio. B) La demora en el pago. C) Las expropiaciones urgentes. 2. Presupuestos exigidos: A. El retraso de seis meses y su cómputo. B) La responsabilidad de la Administración o del beneficiario en el retraso. C) Tipo de interés aplicable. D) Capital sobre el que se aplican los intereses. E) Competencia y procedimiento para su determinación. 3. ¿Otras fórmulas para compensar al expropiado de los perversos retrasos?: A) Los intereses procesales: a) El régimen de la Ley de enjuiciamiento civil; b) Los intereses en la Ley de lo contencioso administrativo. B) El anatocismo. C) Los intereses en la retasación. D) La ejecución provisional de la sentencia. 4. Epílogo.

La correcta aplicación de la institución expropiatoria exige que se indemnice de manera completa y efectiva al expropiado por el detrimento patrimonial que sufre.

Que el justiprecio le resarza de la alteración patrimonial que padece, al representar una cantidad que sustituya realmente el valor del bien expropiado en su patrimonio.

Sin embargo, esta prístina idea no desconoce que la tasación de los bienes expropiados se ha de referir a un momento determinado. Ha de tomarse como punto de referencia una fecha, en principio, inamovible para facilitar la fijación del justo

precio. Elegir otra opción incrementaría las dificultades de conclusión del procedimiento, que se vería continuamente influido por presiones de carácter especulativo, por la inflación o por otras circunstancias económicas. Pero, además, es evidente que toda valoración requiere la realización de unos mínimos trámites para garantizar su acierto, lo que puede conducir, en la lenta y pausada marcha con que avanza la actuación administrativa, a alejar de manera considerable el momento de referencia de la valoración del bien expropiado al del efectivo desembolso de la cantidad. La excesiva prolongación del procedimiento para la determinación del justiprecio y el transcurso del tiempo para el correspondiente pago origina que, en la práctica, ese valor de sustitución no satisfaga en absoluto la pérdida de los bienes en el patrimonio del expropiado; que el justiprecio sólo represente de manera nominal, no real, un “justo precio”. Consciente de esta posibilidad, la Ley de expropiación reguló dos instrumentos dirigidos a evitar que el retraso en la fijación del justiprecio implique un injusto desfase entre el justo precio y el valor que compense al expropiado, esto es, que el justiprecio fijado se perpetúe de manera indefinida como una ridícula cantidad. Bajo la rúbrica “responsabilidad por demora” establece la Ley dos mecanismos de compensar al expropiado. Uno, el deber de satisfacer intereses y, otro, el deber de realizar otra tasación de los bienes expropiados si transcurre un periodo de tiempo sin realizar el pago del justiprecio.

El hecho de que el legislador haya concretado en estas figuras jurídicas la determinación de la responsabilidad por las demoras ha conducido a la jurisprudencia a negar la utilización de otras fórmulas para indemnizar por los perversos retrasos que existen en los procedimientos expropiatorios. Es cierto que el abono de intereses ha constituido de manera tradicional la indemnización en las deudas pecuniarias, pero, en la práctica el devengo de los intereses legales no satisface plenamente al expropiado por el gran retraso sufrido en el proceso expropiatorio. Por ello, y a pesar de los razonamientos ofrecidos por la mejor doctrina2, los Tribunales desestiman de manera sistemática otras posibles fórmulas; por ejemplo, la realización de una actualización periódica del justiprecio (STS de 28 de junio de 1985, RJA 3534), la práctica de retasaciones “internas”, fuera de los requisitos y casos establecidos en la Ley (STS de 5 de mayo de 1992, RJA 3485) e, incluso, se deniegan indemnizaciones por los daños en el retraso al fijar el justiprecio, al amparo de la figura de la responsabilidad por funcionamiento “anormal” (STS de 15 de junio de 1991, RJA 8153). Queda alojada, según los Tribunales, la compensación que merece el expropiado en la aplicación de estas dos únicas técnicas legales: el devengo de intereses y la posible retasación.

De ahí la necesidad de comprobar si a través de estas técnicas se resarce de forma conveniente al expropiado por los graves retrasos o, por el contrario, estas figuras disfrazan en su aplicación un engaño o burla para el expropiado. El objeto de este trabajo se centra, por ello, en analizar cómo se desenvuelve en la práctica el abono de intereses expropiatorios y las posibles reinterpretaciones de la normativa existente para que el expropiado no se sienta engañado.

  1. Los intereses expropiatorios.

Dos situaciones generales pueden dar derecho al devengo de intereses a favor del expropiado: la primera, el retraso en la fijación del justiprecio (arts. 56 LEF y 71 y 1 El deber de satisfacer intereses tiene, con carácter general, la función de indemnizar los perjuicios por la demora en el cumplimiento de una obligación pecuniaria. Así se deduce sin dificultad de la doctrina general sobre las obligaciones y, en concreto, del artículo 1108 del Código civil que establece como mecanismo para indemnizar la demora en el pago de una obligación dineraria el abono del interés pactado o, en su defecto, del interés legal. Esta naturaleza indemnizatoria ha sido reiterada por la jurisprudencia y también el Tribunal Constitucional ha afirmado que “no se trata, por ello, de «conservar el valor nominal consignado en la resolución judicial» [STC 114/1992], sino de indemnizar al acreedor impagado el lucro cesante, dándole lo que hubiera podido obtener en circunstancias normales de la cantidad líquida que se le adeuda” (STC 206/1993, de 22 de junio). Sin embargo, en el derecho a percibir el interés legal por la demora en la fijación del justiprecio, la justificación de la indemnización se ampara también en la depreciación que padece la compensación económica por el retraso, así como en los perjuicios que sufre el expropiado al ver mermadas sus facultades de disposición (ss. del TS 1 de marzo y 15 de junio de 1993, RJA 1609 y 4394).

2 De manera especial, pueden verse los trabajos del prof. E. García de Enterría: Los principios de la nueva Ley de expropiación forzosa, 1º ed. 1956; 2ª ed. 1984; “Expropiación forzosa y devaluación monetaria”, RAP, núm. 80, págs. 9 y ss; “De nuevo sobre la depreciación de los justiprecios expropiatorios: la posibilidad de la ´retasación interna` en el seno de un proceso abierto, sin retorno a la vía administrativa”, REDA, núm. 15, págs. 645 y ss; “La actualización de las indemnizaciones reparatorias en materia de responsabilidad civil de la Administración y de

  1. A) La demora en la fijación del justiprecio.

Sencillas consideraciones avalan la justificación de esta normativa. Por un lado, el hecho de que todo retraso implica una depreciación de la compensación económica, puesto que la tasación se refiere siempre al momento del inicio del expediente expropiatorio y no se incrementa esta valoración con la inflación u otras circunstancias monetarias. Por otro lado, también es admitida con carácter general la idea de que todo procedimiento expropiatorio desde que se inicia origina una serie de perjuicios al expropiado, al disminuir o incidir en sus facultades dominicales. La expropiación repercute de manera negativa en la facultad de libre disposición del bien expropiado. No es que se impida la venta del bien objeto de expropiación, pero sin duda las posibilidades de disposición quedan mermadas al perder atractivo el bien con la amenaza de una privación forzosa que originará la expropiación. El reconocimiento de estos intereses por el retraso en la fijación del justiprecio se reconoce, en principio, cualquiera que sea el procedimiento expropiatorio seguido. Aunque no han faltado discrepancias al aplicar estos intereses en algunos supuestos.

De manera especial, se ha disentido de su admisión en los convenios expropiatorios y se discrepa de su cálculo en los casos de retasación, problema al que aludiré más adelante. Con relación a los supuestos en que ha existido un convenio expropiatorio, se ha rechazado de manera generalizada el derecho a percibir estos intereses por la demora en la fijacion del justiprecio. Este derecho tiende a compensar la minoración de valor, que padece el bien expropiado, durante el periodo en el que la Administración tramita el expediente para decidir el justiprecio. De ahí que, cuando el justo precio se acuerda de manera conjunta, mediante convenio, con la voluntad de los expropiados no se haya admitido este derecho al amparo, entre otras, de dos razones. La primera, porque también se imputa a los expropiados alguna participación en el retraso de la negociación. La segunda, porque al suscribir el convenio el expropiado manifiesta su conformidad con el justiprecio en ese momento, con lo que mentalmente está actualizando el valor del bien desde que se iniciaron los trámites de la expropiación, incluyendo también la demora en su determinación. De ahí que establezca el 3 En este sentido puede recordarse que el Tribunal Supremo ha entendido que la iniciación de un expediente expropiatorio comporta, desde su primer periodo, una limitación al derecho de libre disposición del propietario (STS de 1 de marzo de 1993, RJA 1609). Pero también incide en las facultades posesorias, que se ejercen de manera más precaria ante la futura ocupación por parte de la Administración o del beneficiario (STS de 15 de junio de 1993, RJA 4394).

4 Así, se ha admitido con relación al procedimiento de expropiación por zonas o grupos de bienes (STS de 24 de noviembre de 1980, RJA 4248) o en los procedimientos regulados en la normativa agraria (STS de 15 de junio de 1993, RJA 4394). Sin embargo, se han denegado estos intereses en la demora de la fijación del justiprecio cuando el procedimiento expropiatorio seguido implica el traslado de población, al amparo de que los trámites de este procedimiento son más dilatados, sin especificarse en muchas ocasiones breves plazos para los concretos trámites establecidos (STS de 8 de marzo de 1983, RJA 1245). Argumentos éstos no del todo convincentes porque la valoración de los bienes quedará congelada al momento de iniciarse el procedimiento, lo que originará una importante depreciación de los mismos durante un procedimiento, cuya tramitación se admite que es larga.

Reglamento de Expropiación, el justiprecio convenido constituye una “partida alzada por todos los conceptos” (art. 26).

En este sentido se ha manifestado la jurisprudencia. Aunque es interesante conocer que se ha reconocido, como situaciones excepcionales, el derecho a los intereses de demora cuando con posterioridad a la firma del convenio por el expropiado han transcurrido más de seis meses para su aprobación por la autoridad competente (STS de 26 de octubre de 1979, RJA 4201) o cuando de las cláusulas del convenio se deduce con claridad la admisión del devengo de los intereses (STS de 10 de marzo de 1997, RJA 2293). Por ello, constituirá una más que cauta previsión del expropiado incorporar durante la negociación del justiprecio la posible reserva de su derecho a percibir los correspondientes intereses.

  1. B) La demora en el pago.

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